La cohesión del SNS

En la Tribuna abierta de El Médico Interactivo, Marciano Sánchez Bayle explica, mucho mejor que yo en el post anterior, el problema de la cohesión del sistema sanitario público y las desigualdades en el  acceso a la prestación de los servicios sanitarios de los ciudadanos de nuestro país. Como el acceso al documento, aunque gratuito, precisa la suscripción, os lo presento presento a continuación:

TRIBUNA ABIERTA: La cohesión del Sistema Nacional de Salud

Marciano Sánchez Bayle, presidente de la International Association of Health Policy, y portavoz de la FADSP

Desde que se finalizaron las transferencias se ha producido una deriva dentro del Sistema Nacional de Salud en la que ha primado un exceso de particularismo de las CC.AA., facilitado por la ausencia de sistemas de coordinación efectivos y la falta de capacidad para articular unas líneas comunes de políticas sanitarias entre el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CC.AA.


Madrid (1-2-11).- La falta de cohesión en el Sistema Nacional de Salud es un hecho bastante evidente que se pone de relieve en algunas situaciones abracadabrantes como la inexistencia de un calendario común de vacunaciones a pesar de la evidencia de que la realidad epidemiológica y los conocimientos científicos no respetan las líneas fronterizas de las CCAA, pero también en otros hechos menos conocidos, pero no menos importantes por las implicaciones que ello tiene a la hora de diseñar políticas sanitarias, como son la ausencia de una información actualizada y homologada a nivel del SNS.

Existen desde luego diferencias en los indicadores de salud de las CCAA, diferencias que parecen estar mediadas sobre todo por el nivel socioeconómico. Así la diferencia máxima en esperanza de vida al nacer es de 2,4 años entre Navarra y Canarias (media 79,6 años), en cuanto al porcentaje de población con expectativa de mala salud al nacer está en el 5,5 por ciento entre Galicia y La Rioja (media 24,8 por ciento), y respecto a la tasa de años potenciales de vida perdidos por 1.000 habitantes, la diferencia máxima es de 9,61 entre Canarias y Castilla y León (media 39,68).

Es conocido que la influencia del sistema sanitario sobre la salud de la población es limitada (explica en torno al 14-20 por ciento de la misma) y también que sus repercusiones se producen a medio/largo plazo, por lo que es probable que las diferencias que ahora se constatan solo produzcan diferencias identificables de 15-20 años (un estudio reciente señala que un aumento de 100 $ en gasto sanitario produce un descenso de la mortalidad del 0,01 por ciento).

Las grandes diferencias de recursos entre las CCAA tienen básicamente dos explicaciones. La primera relacionada con el modelo de financiación que al no ser finalista permite que los fondos destinados a la Sanidad sean decididos por cada comunidad autónoma y acaben siendo muy distintos. Si analizamos los presupuestos para 2010 per capita vemos que existe una diferencia de 556,71 € (sobre una media de 1443,94 €) y que esta diferencia entre el máximo y el mínimo de financiación per capita no tiene una tendencia a la disminución.

Congruentemente, las diferencias en recursos son muy llamativas, tanto en camas hospitalarias por 1.000 habitantes (1,8 camas de diferencia máxima con una media de 3,6), como en recursos profesionales en Atención Primaria (1.067 habitantes por médico de diferencia máxima sobre una media de 1.410) y en tecnología, y, lógicamente, en actividad (cobertura vacunaciones infantiles y de mayores de 65 años, oferta de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, etc) lo que genera también amplias diferencias en las listas de espera (superiores a 130 días en la primera consulta del especialista y de mas del 15 por ciento en el porcentaje que tiene esta consulta con una demora igual o inferior a 15 días) y en las tasas de intervenciones quirúrgicas y en la demora para el acceso a las mismas. Un problema importante es que las demoras de espera no son públicas desagregadas por CCAA, lo que impide su evaluación.

Como es lógico esta situación ya está produciendo desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias y acabará teniendo repercusiones sobre la salud de la población.

La segunda razón tiene que ver con el modelo sanitario que se propugna desde cada comunidad autónoma. Algunas CCAA están apostando de manera decidida por la privatización sanitaria y consecuentemente reducen los fondos del sistema sanitario público, además modelos como las PFI y las concesiones administrativas a empresas privadas producen compromisos económicos inflexibles que en momentos de recortes disminuyen aún más los fondos de los centros públicos.

¿Qué puede hacerse? Parece obvio que lo primero es asegurar la coordinación del conjunto del SNS, para ello es indispensable dotar al Consejo Interterritorial de la capacidad para tomar decisiones comunes que obliguen a todos; luego establecer unos objetivos de salud para el conjunto del SNS, o, lo que es lo mismo, aprobar el Plan Integrado de Salud que todavía está pendiente desde que en 1986 se recoge en la Ley General de Sanidad y en el RD 938/1989 y que nunca vio la luz, haciendo buena aquella afirmación de Sánchez Albornoz de que España se caracteriza por tener unas buenas leyes que se incumplen sistemáticamente. También habría que asegurarse del carácter finalista de la financiación sanitaria y establecer unos criterios mínimos de dotación sanitaria (infraestructuras, personal, etc) y por supuesto, dos cuestiones clave: una información sanitaria homologada, desagregada por CCAA y pública (no puede hurtarse a la ciudadanía el conocimiento de lo que se hace con sus impuestos) y la intervención del Ministerio de Sanidad cuando, como en el caso de las privatizaciones, se pone en cuestión las características esenciales del sistema sanitario público.