¿Con el INSALUD vivíamos mejor? (I). Los antecedentes

Llevamos ya unos cuantos años preguntándonos si las cosas no funcionaban mejor cuando la gestión sanitaria se ejercía desde un sistema jerárquico centralizado (INSALUD) en vez del actual sistema fragmentado y descentralizado en las 17 Comunidades Autónomas de nuestro país.

La pregunta es compleja y quiero dar un enfoque técnico y no político a una situación en la que todos han sido responsables por mucho que ahora algunos líderes del PP quieran desmarcarse del asunto como si no fuera con ellos cuando, en realidad, fueron los actores principales en ciertos períodos históricos de nuestra democracia.

Conviene refrescar brevemente la memoria. Los Pactos de la Moncloa alumbraron un 1978 que vertebró todo lo que este país ha sido (¡que tiempos aquellos de pacto y de consenso!), no solo se aprobó la Constitución Española, también tuvo lugar la creación del INSALUD o la Tesorería Única de la Seguridad Social. Más tarde, en 1981 se firmaron (Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González) los primeros Pactos Autonómicos que fueron actualizados en 1995 (Felipe González-José María Aznar) con los Segundos Pactos Autonómicos. En medio, 1986 fue el año en el que se promulgó la Ley General de Sanidad, que anticipaba la extinción del INSALUD una vez completado el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas.

Este proceso tuvo una etapa primera que se inició en 1981  (traspaso a Cataluña) y terminó en 1994 con Canarias (las autonomías por la vía rápida) y dejó al resto de Comunidades (10) en espera con la idea de que era necesario reformar y solucionar sus déficits antes de transferir las competencias sanitarias. Fue el Gobierno de Aznar el que en 2002 completó el proceso de transferencias, a todas a la vez y sin reconocer la deuda histórica definida como la desviación sobre la media de España de las inversiones que el INSALUD no había efectuado en un territorio (Comunidad Autónoma)

Reconozco que la decisión entonces no fue fácil para los responsables de nuestra sanidad regional. Por una parte las transferencias suponían una “patata caliente” por dos razones: la mencionada deuda histórica (creo recordar que unas -30€ habitante/año durante los 24 años del INSALUD) y el reparto de un presupuesto ya de por sí deficitario que generaría nueva deuda en cada año de gestión). Por otra, asumir las transferencias era una verdadera oportunidad de mejora que proporcionaba la esperanza de hacer las cosas mejor (responder mejor a nuestras necesidades) ya que, de no aceptar las transferencias sanitarias, no teníamos garantizada una inversión más justa en nuestra Región. Intuyo que tampoco fue necesario mucho debate, que funcionó el “ordeno y mando” y no hubo más remedio que tragarse nuestro pequeño orgullo regional.

Así pues, durante todo el proceso de transferencias se presentaron dos etapas: una desde 1981 a 2001 en la que cohabitaban INSALUD y Comunidades transferidas y otra, a partir de 2002, en la que desapareció este y se completó el proceso de transferencias dejando al Ministerio de Sanidad en un limbo, sin competencias ejecutivas ni mecanismos potentes para mantener la equidad territorial y el control de la gestión más allá del Consejo Intertrritorial. En la primera, un hecho importante fue que se estableció un modelo de financiación finalista, es decir, el presupuesto transferido sólo podía dedicarse a sanidad y el INSALUD funcionaba como estándar de funcionamiento y de gasto. En la segunda se abandonó este modelo de financiación por otro genérico o no finalista, esto es, era decisión de los gobiernos autonómicos si se dedicaba a sanidad o no. Podría hablar más sobre otras fuentes de financiación autonómica a través de impuestos propios pero no es motivo de esta entrada.